En Chile, la tensión entre el poder estatal y la innovación tecnológica va en aumento, a medida que las grandes empresas tecnológicas se resisten a los planes regulatorios del gobierno para la inteligencia artificial. El proyecto de ley busca clasificar los sistemas de IA según su riesgo, imponiendo normas éticas y sanciones por usos considerados inapropiados. Si bien es ambiciosa, la iniciativa regulatoria preocupa a las grandes empresas tecnológicas, que temen que normas más estrictas puedan obstaculizar sus inversiones en el país.
Chile se destaca como un centro atractivo para las empresas tecnológicas debido a su estabilidad económica y política, así como a su sólida infraestructura, como la fibra óptica de alta velocidad y los cables submarinos de datos. Estos factores han llevado a varias empresas internacionales a anunciar inversiones en centros de datos y la expansión de sus operaciones en el país. Sin embargo, el proyecto de ley de regulación de la IA introduce obligaciones de transparencia y seguridad que podrían afectar este escenario favorable.
Ejecutivos de grandes empresas afirman no estar en contra de la regulación, pero advierten sobre los riesgos de retrasos, burocracia y altos costos. Los procesos lentos o rígidos pueden desalentar nuevos proyectos, especialmente en un momento en que la tecnología evoluciona rápidamente. Para estas empresas, la ley debe equilibrar el control ético con el mantenimiento de un entorno competitivo e innovador.
Desde la perspectiva del gobierno chileno, la propuesta se defiende como necesaria para garantizar la seguridad jurídica, proteger los derechos fundamentales y promover la IA centrada en el ser humano. Las autoridades argumentan que una regulación responsable puede convertir a Chile en un referente para otros países emergentes, al combinar innovación y protección social. La idea es que la ley complemente otras iniciativas ya en marcha, como las regulaciones de ciberseguridad y protección de datos.
Los expertos en derecho tecnológico advierten que una regulación excesiva puede tener el efecto contrario. El país podría perder parte de su atractivo para la inversión si los requisitos son demasiado onerosos, y las empresas emergentes o las pequeñas empresas podrían verse desalentadas a operar localmente. Por lo tanto, el equilibrio entre seguridad y crecimiento tecnológico es esencial.
Un punto central de la propuesta chilena es la clasificación de los sistemas de IA en niveles de riesgo: inaceptable, alto, limitado y sin riesgo evidente. Cada categoría tendría requisitos regulatorios distintos, que van desde auditorías obligatorias hasta prohibiciones de uso. Este enfoque basado en el riesgo busca adaptarse a la gravedad potencial de cada aplicación de IA sin sofocar por completo la innovación.
Sin embargo, las sanciones previstas para las infracciones graves incluyen multas elevadas, lo que genera inquietud entre las empresas tecnológicas. La necesidad de certificaciones y auditorías para sistemas críticos también se percibe como un obstáculo para la agilidad en el desarrollo de nuevas soluciones. Este factor contribuye a la resistencia de algunas empresas a la normativa propuesta.
Chile busca consolidarse como un centro tecnológico en América Latina apostando por una política regulatoria progresista. El gobierno argumenta que la regulación ética de la IA protege a los ciudadanos y fortalece la imagen del país como destino para la inversión responsable. La implementación efectiva de estas normas requerirá tiempo, recursos técnicos y coordinación institucional, pero podría posicionar al país como un modelo de gobernanza tecnológica, siempre que logre equilibrar innovación y regulación.
Autor : Raymondo Murphey