El presidente presentó ante el Congreso un proyecto que quitaría beneficios sociales a quienes dañen bienes públicos, en una jornada marcada además por cambios en su gabinete y protestas frente al Congreso.
La primera Cuenta Pública de José Antonio Kast se realizó el 1 de junio en Valparaíso y dejó un anuncio que ya empieza a mover la agenda política del país: la creación de un Registro de Vándalos e Incivilidades. Se trata de un proyecto de ley que busca sancionar a quienes cometan delitos contra la infraestructura pública, retirándoles el acceso a beneficios sociales que hoy reciben desde el Estado.
Qué contempla exactamente el proyecto
Según explicó el propio mandatario durante su discurso, el registro incluiría a personas que ataquen a carabineros, agredan a personal de salud, retengan el transporte público, trafiquen drogas o dañen monumentos nacionales. Quienes queden incorporados a esa lista perderían tres beneficios concretos: la gratuidad en la educación superior, la Pensión Garantizada Universal (PGU) y el subsidio de arriendo.
La propuesta no se limita a los delitos que ya están tipificados en la legislación chilena. El Gobierno también busca sancionar conductas como la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la vía pública, los rayados sin autorización en propiedad pública o privada y la destrucción de equipamiento comunitario. Estas conductas, que hoy no constituyen delito, pasarían a clasificarse como “incivilidades” y también restarían el acceso a beneficios estatales, según lo detallado en el propio discurso presidencial.
Para entender el trasfondo de la medida, hay que remontarse a la campaña presidencial de Kast, donde el control del desorden urbano fue uno de los ejes centrales de su propuesta en seguridad. Episodios de saqueos, tomas ilegales y agresiones a Carabineros ocurridos en los últimos años sirvieron como argumento para justificar la iniciativa ante el Congreso.
Una jornada con tensión en las calles
El anuncio no pasó sin resistencia. Mientras Kast exponía ante los parlamentarios en Valparaíso, sindicatos y agrupaciones estudiantiles se manifestaron afuera del Congreso, en lo que reflejó parte del clima de polarización que rodea a las primeras medidas de su gobierno. Para algunos sectores, la propuesta apunta en la dirección correcta al proteger el patrimonio público; para otros, arriesga profundizar la desigualdad al condicionar derechos sociales a la conducta penal de las personas.
Cambios de gabinete el mismo día
La Cuenta Pública trajo, además, una sorpresa que no estaba en el guion original del Ejecutivo. Kast confirmó la salida de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini. El propio mandatario reconoció que no tenía contemplado este ajuste para esta etapa de su administración, pero que la urgencia del momento lo llevó a tomar la decisión.
El contexto político detrás del anuncio
Kast asumió la presidencia el 11 de marzo de 2026, después de ganar la segunda vuelta electoral a Jeannette Jara y poner fin a un ciclo de gobiernos de izquierda en La Moneda. Desde entonces, su administración combinó medidas de seguridad fronteriza (como la construcción de una zanja en el límite norte del país) con un paquete de reconstrucción económica que convivió con cacerolazos en distintos puntos de Santiago durante los primeros meses de gestión.
El proyecto del Registro de Vándalos e Incivilidades todavía debe ingresar formalmente al Congreso, donde tendrá que superar la discusión legislativa antes de convertirse en ley. Como afecta directamente a beneficios masivos como la PGU y la gratuidad educacional, su tramitación será uno de los temas que marcarán el debate político en los próximos meses, y vale la pena seguir de cerca cómo evoluciona en comisiones.
Fuentes consultadas: Gob.cl, Cuenta Pública 2026, CNN en Español, Diario Jurídico